Los expresidentes Chaves y Griñán se examinan por el «gran fraude»

El juicio del caso ERE vivirá la próxima semana sus jornadas con mayor resonancia política e interés mediático. Después de más de treinta jornadas de declaraciones dedicadas a 19 ex altos cargos de segunda y tercera fila, el tribunal de la Audiencia Provincial de Sevilla dará paso a dos expresidentes que han gobernado Andalucía durante casi un cuarto de siglo, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, de 72 y 71 años, respectivamente. Con toda probabilidad este martes —dependerá del tiempo que emplee el abogado del exconsejero de Empleo Antonio Fernández en preguntar a su defendido—, Griñán, consejero de Hacienda entre 2004 y 2009 y presidente andaluz desde entonces hasta agosto de 2013, tendrá la oportunidad de explicarse por un fraude al que él mismo le puso «talla XXL». «No creo que hubiera un gran plan, pero sí un gran fraude y eso significa que algunos controles pudieron fallar», confesó el expresidente a los periodistas tras declarar en el Tribunal Supremo en abril de 2015. Quien fuera ministro de Trabajo con Felipe González, al igual que su antecesor en la Junta, negaba así la teoría de un plan orquestado por el Gobierno andaluz para repartir de forma fraudulenta y opaca ayudas al tiempo que descargaba toda la presión sobre la Consejería de Empleo como responsable única de las irregularidades. No hay que perder de vista que puede acabar en prisión. La Fiscalía pide para él seis años de cárcel y 30 de inhabilitación. Chaves se sienta en el banquillo por un supuesto delito de prevaricación, que puede inhabilitarle diez año Manuel Chaves, quien eligió a su consejero y amigo para relevarlo como cartel electoral socialista para prolongar su larga hegemonía institucional en Andalucía, declarará justo después que él, coincidiendo probablemente con la Feria de Abril en Sevilla. Mientras el que fuera presidente de la Junta entre 1990 y 2009 está acusado de un supuesto delito de prevaricación, que no contempla pena de cárcel sino su inhabilitación para cargo público durante 10 años, Griñán suma a éste otro delito de malversación de fondos. Pocas sorpresas cabe esperar de las declaraciones de ambos, que volverán a estar dominadas por adverbios contundentes (nunca, jamás) y respuestas tasadas al milímetro, más medidas incluso que las que prestaron en el Supremo. Entonces hablaron como investigados. Ahora lo harán como acusados. Su imputación puso fin a sus largas carreras políticas (dejaron sus escaños en el Congreso y el Senado) y precipitó su baja del partido que llegaron a presidir a nivel nacional. Nadie sabía nada En la sala volverán a escucharse frases exculpatorias idénticas a las de otros acusados. Defenderán que nunca se enteraron de nada y tratarán de limitar los daños reduciéndolo todo a discrepancias contables sobre el procedimiento administrativo empleado. Afirmarán que nadie les alertó jamás de ilegalidad ni de menoscabo de fondos públicos, amparándose en que el interventor general de la Junta, Manuel Gómez —acusado también en este proceso— no usó esta expresión en los 15 informes que emitía. En cambio, el funcionario censuró que el abono de las ayudas prescindía del «procedimiento legalmente establecido», lo que equivalía a admitir que se estaba incumpliendo la ley. Con estos términos lo plasmó en un informe adicional sobre la agencia que pagaba las ayudas que envió en 2005 a tres exconsejeros: Fernández (Empleo), Francisco Vallejo (Innovación) y Griñán (Hacienda). Durante el interrogatorio del fiscal, Gómez se desdijo de esta apreciación tan severa y habló sólo de «deficiencias». Pero Griñán tendrá que desactivar otra mina que ha dejado el interventor al comparecer en el tribunal. Confirmó que los consejeros destinatarios de sus informes «no tomaron las medidas de corrección que tenían que haber tomado», como manifestó en el Supremo. Por el contrario, Carmen Martínez Aguayo, la ex «número dos» de Hacienda, tendió una red de protección a su antiguo jefe al afirmar que «nunca» informó de este asunto a Griñán porque «ni la Intervención ni mis técnicos me advirtieron de ilegalidad». El fiscal pide 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación para Griñán or supuesta prevaricación y malversación Los expresidentes tampoco despacharon con el exdirector general de Trabajo Javier Guerrero, quien concedía las ayudas que pagaba un ente externo a su consejería, la agencia IFA/IDEA a la que surtía de dinero mediante la discutida figura de las transferencias de financiación, lo que permitió que Empleo pudiera repartir fondos evitando la fiscalización previa. Chaves y Griñán explicarán que tampoco recibieron nunca las alertas del interventor contra el procedimiento de las ayudas sociolaborales con las que la Junta facilitó los despidos en empresas en crisis, un sistema que empleó 855 millones de los presupuestos entre 2000 y 2011, alimentado año a año con la partida 31L. Chaves, que dirigió durante 19 años la gigantesca administración andaluza, alegó que se enteró «por la prensa» de la existencia de este fondo y que de haber conocido entonces las irregularidades de las ayudas «no lo hubiera permitido». La juez Mercedes Alaya, a las puertas de los juzgados de Sevilla – VANESSA GÓMEZ Mordidas, intrusos y favores a empresas A los pocos meses de abrir la investigación del caso ERE en 2011, la juez Mercedes Alaya fue subiendo escalones en su metafórica «pirámide de responsabilidades» hasta llegar a la cúpula del Ejecutivo. En sus autos detalló una extensa variedad de abusos: intrusos o ficticios trabajadores que cobraron prejubilaciones subvencionadas sin tener derecho, empresas de la órbita del PSOE que recibieron fondos públicos, comisiones pagadas a intermediarios que superan hasta un 550% la tarifa media de las aseguradoras, con las que se habrían lucrado bufetes, sindicatos y conseguidores, que serán juzgados en otras piezas tras la división de la macrocausa.
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