El independentismo catalán fragua un sindicato a su medida basado en LAB

El «procés» soberanista ha convulsionado el terreno político pero el sindical no se ha librado. La ambigüedad con la que las dos grandes centrales UGT y CC.OO. han abordado los acontecimientos políticos en Cataluña se ha saldado con una doble fuga de afiliados: unos hacia opciones de tipo constitucionalista, como es el caso del sindicato CSIF, y otros, por el motivo contrario, hacia una central de marcada tendencia radical como la minoritaria Intersindical-CSC que preside Carles Sastre, exmilitante de Terra Lluire y condenado por la Audiencia Nacional a 48 años de prisión por el asesinato de José María Bultó (1977). En Sastre han puesto sus esperanzas los movimientos independentistas con el objetivo último de dar forma a un sindicato propio al estilo de LAB en el País Vasco con el que acelerar la penetración en los centros de trabajo catalanes, ahora controlados de forma mayoritaria por UGT y CC.OO. El activismo político de Carles Sastre es induscutible. Convocó la huelga general del pasado 8 de noviembre en Cataluña en protesta por la «regresión de derechos sociales», un paro en realidad político, y que supuso la puesta de largo de los Comités de Defensa de la República (CDR); y es el hombre al que señala con el dedo el mundo empresarial en Cataluña, temeroso de que el secesionismo acabe también por contaminar el mundo de las relaciones laborales. Pequeños, pero en alza Aunque proporcionalmente su crecimiento ha sido destacado desde que estallara el «procés», su central apenas copa un 0,49% de la representatividad frente a más del 80% que suman UGT y CC.OO, y cuenta con unos 3.000 afiliados frente a los más de 100.000 de cada una de las centrales mayoritarias. Han crecido de manera importante, y lo esperan hacer aún más durante este 2018 y 2019 en los que está convocado el grueso de las elecciones sindicales. Con todo, su impacto sigue siendo más político que sindical. De hecho, este es en realidad su objetivo, denuncian desde los sindicatos tradicionales, que pese a no renunciar a posicionarse políticamente –de ahí en parte las tensiones internas–, reivindican su trabajo al margen de los partidos. «No queremos ser correa de transmisión de nadie», apunta a ABC Montse Ros, secretaria de organización y portavoz de CC.OO. en Cataluña. En la misma línea se expresa a este diario Matías Carnero, presidente de UGT en la comunidad, quien, como Ros, señala que el posicionamiento de las dos centrales con respecto al «procés» es en realidad un reflejo de lo que es la sociedad catalana. Uno y otro consideran improbable que en Cataluña llegue a imponerse un mapa sindical como el del País Vasco. El independentismo, en cualquier caso, sí ha trabajado en esa dirección, tratando de imponer lo que ya hace años definían como un «marco laboral propio». La CUP, tanto a través de la Intersindical como de la Coordinadora Obrera Sindical (COS) y del SEPC (sindicato de estudiantes), y ERC de manera más ambivalente, así lo han hecho. Subvenciones amañadas De hecho, a los republicanos, de manera burda, ya se les vieron las intenciones cuando en 2009, en tiempos del tripartito, el área de Juventud controlada por ERC concedió la mitad de las subvenciones dadas a las ramas juveniles de las centrales a la Intersindical, cuando su representatividad no llegaba al 0,5%. ERC premiaba así con 247 euros cada delegado de la I-CSC frente a los 2,87% de CC.OO. o los 3,11% de UGT. Tras las denuncias interpuestas, el reparto de subvenciones posterior se ajustó a la proporcionalidad, al menos que se tenga conocimiento. ERC y el independentismo, coinciden fuentes políticas y sindicales, ha jugado siempre a dos bandas, aunque en los últimos años ha optado por la estrategia, más eficaz por lo que se ha visto, de penetrar en los sindicatos tradicionales. El secretario general de la UGT, Camil Ros, viene de ese partido –hace tándem con Carnero, presidente, para nada independentista, en el mejor ejemplo de equilibrio interno–, mientras que las exconsejeras Dolors Bassa (ERC) –ahora en prisión preventiva– y Neus Munté (PDECat) proceden de la UGT. En el caso de Comisiones Obreras, una reciente encuesta interna apuntaba que un 40% de sus afiliados tenía simpatías por el independentismo frente al 43% que se declaraba federalista. Desde Fomento del Trabajo se prefiere no posicionarse sobre una central, la Intersindical, que se considera ultraminoritaria, y se limitan a recordar cuál es la posición de la empresa catalana, apuntando que llevaron a los tribunales la huelga general del 8 de noviembre convocada por I-CSC y la CGT, que consideran que tuvo una intencionalidad política, algo que es ilegal en España. Aunque la suspensión cautelar del paro no fue aceptada, este miércoles el TSJCcelebra la vista para determinar si ese paro fue ilegal. Fuga de afiliados: 70 bajas de la «mani» Si bien con unas cifras que consideran no significativas, las direcciones de CC.OO. y UGTsí reconocen que se ha producido una doble fuga de afiliados, pero minimizan su importancia. En el caso de CC.OO, se cifra en 550 las bajas por motivos políticos a lo largo de 2017, «de las cuales la mitad, por que nos consideran demasiado tibios con el proceso, y la otra mitad por lo contrario», explica a ABC Montse Ros. Aunque UGTno facilita cifras, fuentes sindicales apuntan a un número similar. El apoyo de CC.OO. y UGTa la manifestación en favor de la libertad de la cúpula separatista del domingo 15 en Barcelona, convocada junto a ANC y Òmnium, encendió de nuevo el debate. En estas dos semanas transcurridas, CC.OO. reconoce unas 70 bajas de afiliados, descontentos en este caso con la alineación del sindicato con las fuerzas independentistas. «Cualquier baja, aunque sea una, nos duele, pero es falso decir que el sindicato esté partido. Las decisiones se toman por unanimidad. El sindicato no se rompe», insiste Ros a este diario. Rivera se da de baja de UGT En la misma línea, Carnero (UGT) se suma a la defensa que también hace Ros de los dos sindicatos como uno…
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