Montoro admite que el déficit superará en 6.000 millones su objetivo este año

El Gobierno bifurca año a año muy claramente sus objetivos de déficit por administraciones, donde se producen desvíos, de sus previsiones de cierre, que se ajustan milimétricamente a la realidad. El mismo día en que aprobó en Consejo de Ministros el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018 con unas metas fiscales por administración, envió a Bruselas el 27 de marzo sus estimaciones reales. Esta misiva contenía números muy distintos a los que venían en las cuentas, que no dejan de ser un desiderátum. En la notificación, el Gobierno reconoce que el Estado acabará 2018 con un agujero de 14.712 millones de euros, del 1,21% del PIB es decir, 6.200 millones más frente a su objetivo del 0,7%. La Seguridad Social será la otra gran incumplidora, mientras que comunidades autónomas y el superávit de los ayuntamientos permitirán reducir el déficit público total al 2,2% apalabrado con Bruselas: 26.998 millones de euros, según el Ejecutivo, 9.235 millones menos que el 3,07% del PIB de 2017. De esta forma, el déficit se cumplirá pero el reparto del agujero distará bastante de los objetivos aprobados. Banco de España, CEOE o el Círculo de Empresarios han calificado de optimistas las previsiones de ingresos de los Presupuestos. Pese a incumplir, el Estado será la Administración que más se ajuste el cinturón, con una reducción de déficit de 7.421 millones. La Seguridad Social, sin embargo, «solo» logrará reducir su agujero en 219 millones de euros al comparar con 2017 pese a la vigorosa creación de empleo hasta los 16.990 millones de euros, un 1,4% del PIB que supera en 3.500 millones de euros su meta del 1,1%. La moderación salarial y el aumento continuado del gasto en pensiones impiden reducir el boquete del sistema más rápido, máxime cuando se aguarda una reforma de las pensiones que sigue postergándose ante la parálisis política. Las ocho décimas que incumplen Estado y Seguridad Social las compensarán con mejores números de lo comprometido en sus objetivos las comunidades autónomas y los municipios. Las corporaciones locales obtendrán, a ojos del Gobierno, su mayor superávit histórico, con 7.281 millones de euros -un 0,62% del PIB-, lo que eleva el colchón de los ayuntamientos en 469 millones más frente al 0,58% que cosecharon en 2017. Los municipios llevan desde 2012 con objetivo de equilibrio presupuestario si bien registran superávits año tras año. El propio Gobierno es consciente de este desfase y desde el Ministerio de Hacienda defienden desde hace años que el superávit de las corporaciones locales se utilice a la hora de repartir el déficit para cuadrar el dato global con el Gobierno Central y la Seguridad Social, ante la dificultad política que supondría imponer una meta de superávit a los ayuntamientos, aunque la Autoridad Fiscal lo recomienda atendiendo a la Ley de Estabilidad. Los ayuntamientos,con 24.300 millones en bancos Los municipios acabaron el año pasado con 24.299 millones de euros guardados en el banco en cuentas o depósitos que Hacienda no les deja gastar, aplicando la regla de gasto que fija un tope al desembolso para que el resto de excedente solo se pueda utilizar para pagar a proveedores y amortizar deuda. Desde que se aprobó la Ley de Estabilidad, que incluía este límite, el dinero aparcado en entidades por los ayuntamientos se ha duplicado hasta el 2,1% del PIB. Como muestra del distinto estado de unas administraciones y otras, con estos ahorros se cubriría el déficit de un año de la Seguridad Social y de las regiones. Las comunidades autónomas, ante la mejora de la recaudación, serán la otra Administración que cumplirá con creces sus metas. Frente al objetivo del 0,4% del PIB, cerrarán este año con un déficit de 2.577 millones, 2.000 millones inferior a lo fijado. Ya el año pasado su agujero fue del 0,3%, frente a su meta del 0,5%. Las comunidades contarán con 4.020 millones de euros más en nuevos recursos este año, lo que explica un recorte de 1.126 millones de su déficit frente a 2017. El Gobierno español remite esta información a la UE dos veces por ejercicio antes de abril y de octubre de cada año, al estar bajo el brazo corrector del Procedimiento de Déficit Excesivo. España es el único estado que sigue bajo esta tutela, al tener el mayor déficit de todos los paíes de la UE. Estos datos condicionan el Programa de Estabilidad que el Ejecutivo debe entregar a la UE junto al Programa Nacional de Reformas antes de que acabe abril. La inversión pública crecerá en 2018 a su mayor nivel en la «era Rajoy» Llama la atención que Hacienda proyecte qué comunidades y entidades locales van a mejorar su saldo pese a que ha aprobado una suavización de los límites para utilizar su superávit -en los casos en los que algunas regiones comienzan a tenerlos- para destinarlo a inversiones sostenibles. El plan de Hacienda es que, pese a esta relajación a un año de las elecciones autonómicas y locales, la exigencia estricta de la regla de gasto, que este año fija un aumento máximo del desembolso del 2,4%, permitirá cuadrar las cuentas. Ello permitirá, a ojos de Hacienda, que regiones y municipios puedan mejorar sus números pese a este aumento del abanico de inversiones para las administraciones cumplidoras, que según BBVA Research supondrá algo más de 2.000 millones. Como fuere, ello ayudará a que la inversión pública alcance su máximo nivel en la era Rajoy: según las previsiones remitidas a Bruselas supondrá 28.188 millones de euros en 2018, es decir, un aumento del 21%, que no se veía desde 2011, año electoral en el que supuso 39.649 millones de euros. Pese a que hasta ahora la formación bruta pública de capital fijo estaba en mínimos históricos, con un 2% del PIB el año que viene crecerá hasta el 2,3% del PIB, su mayor nivel en seis años.
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