No les falta razón al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y a su portavoz, Irene Montero, cuando lamentan el grado de exposición pública que ha sufrido su vida privada a costa de la compra de una vivienda particular. Los políticos, aunque sometidos a un grado de escrutinio público excepcional en razón de su función de representación, deben preservar su derecho a la privacidad. Aceptar lo contrario llevaría a que ningún ciudadano quisiera dedicarse a la política, que es una actividad noble y necesaria en una sociedad democrática.Seguir leyendo.
Via: Inquisidores inquiridos
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