Las recetas del Gobierno valenciano ante el desafío soberanista catalán

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, plantea al Gobierno que impulse una reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña como «contraoferta» para frenar el proceso secesionista. Para el dirigente socialista, resulta necesario «constitucionalizar aquello que los ciudadanos de Cataluña votaron en referéndum». La posición de Puig, expresada en una entrevista a ABC publicada el pasado 5 de agosto, no ha variado, aunque en el seno del Gobierno valenciano aumenta la preocupación ante la nueva vuelta de tuerca de las formaciones que sustentan al Ejecutivo catalán, plasmada en la hilarante ley de Ruptura, que incluye el control de las fronteras por parte de la Generalitat de Cataluña, entre ellas la que marca el río Sénia entre las provincias de Castellón y Tarragona. Puig lamentaba que «frente a una posición nítida de los independentistas no hay ninguna contraoferta seria del Gobierno». El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha hecho frente común con Mariano Rajoy frente a las intenciones de los separatistas plasmadas en la llamada ley de Transitoriedad, pero no ha concretado cuál debería ser la hoja de ruta. Sin embargo, tiene claro que ésta debe pasar por «abrir un espacio de diálogo serio y firme» que se plasme en la reforma del Estatuto catalán y de la Constitución. Cataluña es el primer cliente de la Comunidad Valenciana, a la que vende productos por más de 4.000 millones de euros anuales, de acuerdo con un informe del Centro de Predicción Económica (CEPREDE). Con todo, el saldo comercial resultamente claramente positivos para las empresas catalanas, cuya facturación en la región vecina ascendió a 6.675 millones de euros, de acuerdo con el citado documento, que contempla datos cerrados en 2013. En el término político, el Gobierno que preside Puig lamenta que la «monopolización» del debate soberanista impide dar visibilidad a las reclamaciones valencianas, que pasan por la mejora del modelo de financiación. Al respecto, se prepara una marcha para el 9 de octubre con motivo de la festividad autonómica, que se producirá apenas ocho días después de la fecha fijada para la consulta ilegal en Cataluña. Más allá de los intereses económicos, Puig recalca que Cataluña y la Comunidad Valenciana «somos cercanos a nivel cultural y cívico, pero no estamos de acuerdo con el camino que han emprendido». Imagen del límite entre Cataluña y la Comunidad Valenciana tomada desde la AP-7- ABC Los dos Gobierno autonómicos suscribieron junto al de Baleares, presidido por la socialista Francina Armengol, la llamada Declaración de Palma para reforzar los «vínculos históricos y defender el catalán de las políticas estatales lesivas». El acuerdo se sumó al convenio suscrito por el Consell con el Instituto Ramón Llull, encargado de difundir la lengua y la cultura catalana en el extranjero, y las negociaciones para lograr la reciprocidad entre las televisiones públicas de las tres autonomías. Aunque el ala más radical de los separatistas catalanes, representada por la CUP y ERC, ha expresado su voluntad de extender el proceso separatista más allá de Cataluña, sus tesis no gozan de aceptación en la Comunidad Valenciana. De hecho, según una encuesta elaborada por la Generalitat, el 94 por ciento de la población rechaza el independentismo. Así, apenas un seis por ciento de los valencianos respalda «un Estado en el que se reconozca a las Comunidades Autónomas la posibilidad de convertirse en estados independientes». En esa línea, el Gobierno valenciano, formado por PSPV y los nacionalistas de Compromís, no traspasa el límite del soberanismo Al respecto, Puig consider que «hay que mejorar la relación conjunta y desarrollar nuevas fórmulas de integración que no conlleven la ruptura». De hecho, el jefe del Consell desveló en ABC que «el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, sabe perfectamente lo que pienso y que no coincido con él. Lo que le he pedido siempre es que se abran caminos de diálogo».
Via: Las recetas del Gobierno valenciano ante el desafío soberanista catalán