Santi Potros y otros 20 etarras cumplen el perfil para el traslado

Santiago Arrozpide Sarasola, alias «Santi Potros», condenado a más de 2.362 años de cárcel por, entre otros, ordenar el atentado de la plaza de la República Dominicana de Madrid en 1986 y el de Hipercor en 1987, es uno de los presos de ETA susceptibles de beneficiarse de un acercamiento a una prisión del País Vasco sólo por tener cumplidos los 70 años de edad. No es el único. Cinco más que él, 75, suma el histórico del comando Vizcaya Sebastián Etxaniz, y 72 Joseba Arregui, «Fiti», que permanece encerrado en Villena (Asturias) fiel a la misma ortodoxia que le llevó a perpetrar la matanza de la casa cuartel de Zaragoza, por la que fue sentenciado a 2.354 años de privación de libertad. De acuerdo con los criterios mencionados ayer por Pedro Sánchez, los tres serían trasladados a centros ubicados en tierras vascas o su entorno en virtud de la «revisión de la política penitenciaria» del nuevo gobierno del PSOE, que también planea aplicar la mejora a los que presenten la condición de «enfermos terminales». A saber, veintiún hombres y mujeres -uno de ellos encarcelado en Francia y dos ya en Zaballa y Enterría (País Vasco)-, según el recuento del colectivo de apoyo a los presos de ETA Etxerat, que contempla dentro de esa lista a reos con diagnósticos de lo más variopinto, que van del «trastorno obsesivo compulsivo» o la «depresión con síntomas psicóticos» a «tumores», «carcinoma bajo la lengua», o VIH. Este último es el caso de Ibon Iparragirre, que se ha negado a recibir antirretrovirales, a pesar de lo que en enero ya fue llevado de Alcalá-Meco a un hospital en Guipúzcoa para su tratamiento. Altas condenas La idea de acercar al País Vasco de forma prioritaria a los presos gravemente enfermos ni es de Sánchez ni es nueva, sino que forma parte del acuerdo de gobierno que alcanzaron en 2016 el PNV y el PSE y que llegaron a plantear en vano al anterior jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy. Todas las fuerzas representadas en el Parlamento de Vitoria, a excepción del PP, aprobaron el pasado día 13 una propuesta iniciada por Bildu que pedía el fin de la dispersión de etarras en las cárceles y el traslado ventajoso para los que lo pidan de manera individualizada y muestren arrepentimiento. En las fichas donde Etxerat describe el «estado de salud», «situación jurídica» e «influencia de la cárcel en la enfermedad» de algunos presos terminales -exactamente 13, puesto que los otros 8 casos son solo enumerados de forma anónima- se detallan las solicitudes de «suspensión médica de la pena» o para «tratamiento extrapenitenciario» que muchos de ellos han interpuesto ante el juez sin éxito, en ocasiones varias veces. En esta documentación llama poderosamente la atención que todos los enfermos tienen pendientes condenas muy altas, que Etxerat refiere exclusivamente a título efectivo: siete están sentenciados a 30 años, uno a 40, otros cuatro a privación de libertad entre 18 y 22 años y el último está en prisión preventiva. Cumplen en cárceles de Andalucía, Murcia o Madrid. Cerca de la edad de 70 años a partir de la que el Gobierno podría practicar los acercamientos están un etarra de 69 años y cinco de 67, de los cuales dos están en Francia
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