Cuando Carles Puigdemont fue detenido el pasado 25 de marzo en una gasolinera del Estado de Schleswig Holstein, al norte de Alemania, el Gobierno español dio por desactivada la fuga europea del expresident. Puigdemont y otros cuatro miembros de su Gobierno habían elegido Bélgica como destino a finales de octubre cuando constataron que la Fiscalía se iba a querellar por rebelión contra los líderes del procés. No era una elección casual. Sus abogados sabían que la justicia belga iba a ser reticente a entregarles por rebelión, un delito que no tiene un equivalente exacto en ese país. Por eso, cuando el expresidente fue arrestado en Alemania al tratar de volver a Bélgica tras un viaje a Finlandia, fuentes de la Seguridad del Estado publicitaron que habían seguido a Puigdemont en ese periplo y habían decidido detenerlo en el país germano. La estrecha cooperación entre España y Alemania y la existencia de un delito similar al de rebelión en su código penal, auguraba un complicado futuro al expresidente catalán.Seguir leyendo.
Via: La estrategia fallida de Llarena
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