La rebelión interna contra Iglesias llega a los tribunales

La guerra interna de Podemos por los últimos cambios en los estatutos ya está en manos de los tribunales. «Profundización democrática», una de las corrientes internas del partido, interpuso el pasado lunes una demanda contra Podemos ante el Juzgado de Primera Instancia de Madrid para «cuestionar la ilegítima transposición del documento organizativo a los estatutos» de la formación. El conflicto tiene su origen tras la asamblea de Vistalegre II, en febrero, cuando los postulados de Iglesias vencieron a los de Errejón y se acordó que los documentos presentados por su equipo servirían de base para el redactado de unos nuevos estatutos acordes con los resultados de la asamblea. Declarado nulo Sin embargo, la Comisión de Garantías del partido, órgano encargado de velar por la democracia interna de Podemos, detectó que se habían realizado modificaciones que no se correspondían con los documentos aprobados en la asamblea de febrero, por lo que su presidenta, Olga Jiménez, emitió un dictamen declarando nulo el nuevo régimen estatutario. Uno de los cambios, el que ha desatado la polémica, introduce un nuevo artículo en el apartado del régimen disciplinario, que contempla las sanciones a las faltas que podrían cometer los miembros del partido, el cual considera una infracción grave «transmitir o filtrar información interna que comprometa la actuación de los órganos, la acción política de la organización o la buena imagen de las personas que la representan». Esta falta puede ser castigada con la inhabilitación para ejercer un cargo público o interno entre seis meses y dos años. La reacción de la Ejecutiva no se hizo esperar, y el pasado mes de agosto tres miembros de la Comisión de Garantías, alineados con la dirección, denunciaron a Jiménez por «excederse en sus funciones», por lo que se le abrió un expediente y fue revocada de la presidencia en un pleno extraordinario. A partir de ese momento se produjo una rebelión contra la Ejecutiva liderada por Iglesias, protagonizada por miembros de 11 de las 16 comisiones autonómicas de garantías existentes en Podemos, que se reunieron para elaborar un dictamen condenando las maniobras de la dirección. El último capítulo de esta guerra interna es la demanda de «Profundización democrática». En un comunicado difundido ayer por esta corriente, los demandantes se quejan de que «las divergencias entre el documento aprobado y los Estatutos son obvias e innegables, ya que contienen importantes adiciones y supresiones sin ninguna justificación». Rectificar los estatutos No obstante, apuntaron que la «intención» de la demanda judicial es «convenir en una sensata rectificación para que la normalidad democrática vuelva a su cauce mediante la retirada de los actuales estatutos ilegítimos y la realización de una nueva transposición a estatutos del documento organizativo de Vistalegre II, que fuese legítima y fidedigna». Desde esta corriente también instan a cualquier miembro de la formación liderada por Iglesias a sumarse a la demanda. «Hemos interpuesto esta demanda con un carácter colectivo, de modo que, en cuanto sea admitida, toda persona inscrita de Podemos podrá sumarse a la misma con el objetivo de defender y salvaguardar los valores democráticos presentes en el ADN de Podemos», concluye el comunicado.
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