«No me arrepiento de no haberme ido. Soy consecuente con mis decisiones»

-Imaginamos que estará mejor en la cárcel de Lledoners que en la de Estremera. Más cerca de su familia, de sus abogados y compartiendo módulo con los otros líderes independentistas. Pero, ¿hay alguna cosa que eche de menos de la cárcel madrileña? -El régimen penitenciario es muy distinto para todos los presos. Aquí hay muchas más actividades, cursos, y los funcionarios están mucho más fuera de la oficina hablando con los reclusos en los espacios comunes. De Estremera echo de menos a algunas personas (funcionarios y presos) con los que entablé una buena relación, y el economato (mucho más económico y mejor en todos los sentidos). -Usted se considera a sí mismo un «preso político». Así lo recoge por ejemplo su perfil de Twitter. Siguiendo esta línea argumental, mantenerle en prisión iría en contra de los Derechos Humanos. ¿Por qué entonces no exigen a la Generalitat, que ahora tiene la llave de sus celdas, que desobedezca las resoluciones judiciales y les dejen en libertad? -Mi libertad debe llegar por una cuestión de justicia y no por una cuestión de quién gestiona el centro penitenciario. Nuestra prisión preventiva va en contra, entre otras, de todas las directrices y recomendaciones del Comité de Ministros del Consejo de Europa. Todo esto va de escarmiento y no de justicia, como la misma instrucción. ¡Me aventuro a decir que el propio juicio! -Los investigadores consideran que tenía un papel «extraordinariamente relevante» en el «procés». La Guardia Civil concluye que el Govern malversó 1,4 millones para el referéndum ilegal del 1-O. ¿Usó el Govern de Carles Puigdemont fondos públicos para el 1-O? -No los usó. Y quedará acreditado. Los informes de la Guardia Civil a los que se refiere tienen grandes dosis de creatividad, supongo que para intentar justificar un relato que no se sostiene por ninguna parte, por no hablar de la parcialidad que les lleva a errores de bulto que serán perfectamente constatables. En la instrucción no se nos ha permitido. Ha sido parcial y creativa. -Usted defiende que es inocente de los delitos que el juez Pablo Llarena le atribuye. En caso de una eventual condena, especialmente por rebelión, la pena de prisión sería muy alta. ¿Pese a ello, puede prometer ahora que bajo ningún concepto su abogado llegará a un pacto con la Fiscalía para rebajar la pena a cambio de reconocer alguno de los delitos del que le acusa? -Claro. ¿Cómo voy a reconocer delitos que no hemos cometido? La instrucción es de una creatividad y parcialidad que debería alarmar a cualquier ciudadano. Está en juego el legado de justicia que dejaremos a nuestros hijos. ¿Cómo voy a aceptar unos delitos que ni el propio juez instructor es capaz de sostener y defender en Escocia o Bélgica, por no hablar de Alemania? Es un tema de dignidad y de convicciones. Sobre qué tipo de justicia queremos en pleno siglo XXI, y de libertad y democracia. -Además del de la Audiencia Nacional, usted tiene otro frente judicial abierto. Está imputado en el TSJC, junto a su esposa, por supuestamente haberle cedido patrimonio ante eventuales responsabilidad en el «procés» y deberán declarar en octubre. ¿Hicieron estas operaciones por miedo a posibles embargos? ¿Descarta también en este caso un pacto con la Fiscalía? -De ninguna manera. Tengo muchas ganas de declarar, no solo para aclarar, sino para acreditar que no tiene nada que ver con el 1 de octubre. Estoy convencido que si la Fiscalía me hubiera pedido explicaciones antes de presentar la querella no la hubiera llegado a presentar. El pacto no me lo planteo en ningún caso. Solo dar todas las explicaciones que hasta ahora no me han pedido. -Desde su ingreso en prisión preventiva, y también desde la Generalitat y Junts per Catalunya, defiende que Cataluña tiene que llevar a cabo su ejercicio a la autodeterminación. Pero, entonces, ¿qué fue lo que ocurrió el 1-O? ¿No fue un referéndum? -Fue un referéndum. Cierto es que la violencia de la policía impidió que se pudiera desarrollar con la normalidad democrática deseada. Nosotros siempre hemos defendido que las grandes decisiones, las de calado, las que marcan un antes y un después en toda la sociedad, en pleno siglo XXI, las debe tomar la ciudadanía mediante su voto libre en las urnas. Es lo más pacífico y democrático. -Por otro lado, no cabe dentro de derecho internacional que Cataluña, como sujeto político, tenga derecho a la autodeterminación, ya que no es un territorio colonizado ni se incumplen los derechos humanos. En este sentido, todos los países han reconocido esta legalidad. Políticamente, al margen del coste personal que usted ya está viviendo, ¿no sería más lógico intentar conseguir la independencia a través de cambios legales de la normativa española? -No comparto la afirmación previa a la pregunta. Hay muchos argumentos y jurisprudencia en el derecho internacional que desmienten dicha afirmación. Y si hubiera habido voluntad política para afrontar esta realidad y conflicto incluso en el propio ordenamiento jurídico y constitucional había margen para hacerlo posible. El problema grave es que estos años hemos asistido a un cruce de poderes. El Gobierno de España ha dicho lo que era legal y lo que no, y la cúpula judicial nos dicta cómo debe ser y con quien debe ser el autogobierno en Cataluña. El juez Llarena me envió a la cárcel porque yo «no garantizaba un acertado retorno del autogobierno de Cataluña». Lo hemos intentado todo para el acuerdo. Marta Rovira (ERC), Joan Herrera (ICV-EUiA) y yo mismo fuimos al Congreso de los Diputados con una propuesta para el acuerdo en nombre del Parlamento de Cataluña. -Nunca más de la mitad de los catalanes se ha manifestado, en elecciones, favorable a la secesión de Cataluña. ¿No cree que forzar la posición de la minoría sobre la mayoría, al margen de que además se haga por medios ilegales, es tensionar a la ciudadanía y que va en contra de los cánones democráticos? -El sí explícito siempre ha ganado de forma clara ante el no explícito. El 75 %…
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