Educación insiste en quitarle peso a la concertada y el PP le pide que «recapacite»

La ministra de Educación, Isabel Celaá ha comparecido esta mañana en el Congreso en la Comisión de Educación y Formación Profesional. Si bien insistió una y otra vez en enviar un mensaje de «tranquilidad a las familias que optan por la educación concertada», la realidad es que volvió a recordar su intención de modificar el artículo 109.2 de la Lomce. Este artículo establece que la oferta de plazas escolares se determina, entre otras cuestiones, por la llamada «demanda social», es decir, que las plazas en la pública o concertada variarán en función de lo que pidan los padres. Para Celaá, como dijo en otras ocasiones, ese criterio es un «eufemismo para propiciar que la escuela pública pueda ser considerada subsidiaria de la concertada». La modificación de este artículo convirtió la comparecencia en un tenso intercambio entre la ministra y Sandra Moneo, portavoz de la Comisión de Educación y Formación Profesional del PP, que le pidió que «recapacite» y la acusó de «cuestionar la libertad de elección de las familias». «No vamos a atacar a la concertada, esto es feak news», sentenció Celaá. Para llevar a cabo su objetivo de darle más peso a la pública, Celaá propone eliminar la condición de «demanda social» establecida en la ley. «La educación pública debe ser el eje vertebrador del sistema educativo porque si constitucionalmente las personas tienen derecho de ser educadas, correlativamente el poder público tiene el deber de garantizar ese derecho», explicó. «¿Qué amaneza supone para la concertada? Ninguna», se respondió a sí misma. Pero sí aclaró que el servicio a las familias «tampoco puede ser a la carta». Moneo discrepó por completo respecto a la eliminación del apartado de «demanda social». «Le voy a pedir que recapacite», le espetó. «Creemos en la libertad, defendemos la libertad. Nos opondremos a cualquier decisión que quiera coartar el ejercicio de la misma a cualquier persona. Está cuestionando la libertad de elección de las familias. Creemos que debe existir un modelo público y laico pero también debe convivir con otras opciones y modelos educativos. El derecho a la educación también lo garantiza la concertada. No busquen limitar ni coger atajos porque la demanda es una garantía de las familias», sentenció Moneo. «En la vida me dijeron que cuestioné la libertad de las familias», respondió Celaá visiblemente indignada. «La concertada transita libremente en un 30 por ciento en el sistema». Además, recordó que la pública llega «a zonas de nuestro país a las que la concertada no llega y no tiene obligación de llegar». Moneo también le recriminó que el Pacto de Estado por la Educación no se pueda poner en pie y en la misma línea opinó la diputada de Ciudadanos, Marta Martín que le preguntó si siguen esperando que se aumente hasta un 5 por ciento del PIB la financiación en educación para seguir negociando (fue este desacuerdo lo que hizo que en su momento el PSOE se levantara de la mesa de negociación). Celaá no respondió a ninguna de las dos diputadas. La ministra también volvió a aludir a la tramitación del anteproyecto de ley que revertirá los recortes del Real Decreto 14/2012 de racionalización de gasto público, impulsado por el anterior Ejecutivo. «Fue una norma aprobada en consideración de la urgencia de aquel momento. Ahora, es competencia del Congreso que derogue los efectos y medidas restrictivas de dicha norma para ayudar al sistema educativo a volver a la normalidad». El Gobierno derogará el artículo 2, que permite elevar hasta en un 20% las ratios máximas de alumnos por aula. Los presupuestos de 2016, 2017 y 2018 ya establecen una tasa de reposición del 100%, «lo cual permite mantener menores ratios de alumnos por aula», aseguró en su momento Celaá. El segundo contenido a derogar es el artículo 3, que aumenta la parte lectiva de la jornada docente hasta un mínimo de 25 horas en educación infantil y 20 en secundaria. Una vez derogado, será cada comunidad la que determine el número de horas a reducir. «Cada administración podrá adoptar la decisión que considere más adecuada, ya que no es una medida obligatoria. Si las comunidades no lo pueden asumir, esta norma les permite tomar sus propias decisiones puesto que no impone, facilita», aseguró Celaá. Por último, también se pretende eliminar el artículo 4, que da un plazo de diez días lectivos para nombrar a funcionarios interinos que sustituyan a profesores titulares de baja. Las medidas, anunció la ministra, entrarán en vigor en 2019/2020, salvo en el caso de la relativa a las sustituciones, que entrará en vigor con la vigencia de la ley.
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