El PP plantea sancionar a funcionarios y cargos que lleven lazos amarillos

El PP ha registrado este martes en el Congreso una proposición de Ley para preservar la neutralidad institucional y defender los símbolos nacionales y oficiales en las instituciones y espacios públicos. El grupo parlamentario popular propone en su texto un régimen de sanciones para los altos cargos y funcionarios de la administración, ya sea estatal, autonómica o local, que vulneren el principio de neutralidad institucional o permitan la presencia de símbolos partidistas en los edificios públicos y calles. Una de esas infracciones es lucir en la solapa o permitir la colocación de lazos amarillos durante el ejercicio de sus funciones públicas. El PP cree necesario articular en una ley la defensa de los símbolos oficiales (el Rey como jefe del Estado, las banderas de España y autonómicas y locales, el escudo nacional y el himno; entre otros) y erradicar la presencia de símbolos «partidistas o excluyentes». Se pretende acabar por ley con la presencia masiva propaganda separatista, involucrando a las autoridades, pero también a los funcionarios en el cumplimiento de la legalidad. El régimen de infracciones y sanciones es similar al previsto en la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, y va desde las infracciones leves a las más graves, que acarrearían el cese o la incapacidad para ocupar el cargo entre 5 y 10 años, según recoge la propuesta parlamentaria. Los altos cargos y trabajadores públicos, en el ejercicio de sus funciones, estarán «obligados a abstenerse de realizar o impedir cualquier tratamiento ilegal de símbolos nacionales u oficiales, es decir, la colocación o reproducción gráfica o audiovisual, de símbolos y enseñas de naturaleza partidista». Ellos deberán corregir y restablecer ese principio de neutralidad. El PP se desmarca así de la estrategia de Ciudadanos, que ha lanzado una campaña para retirar los lazos amarillos de las calles de Cataluña. «No se trata de que unos ciudadanos coloquen unos símbolos y otros los quiten, se trata de evitar que esos hechos se produzcan y que sean las autoridades y no los ciudadanos los que restauren la legalidad», aseguran en la dirección del grupo popular.
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