Faltaban pocos días para el referéndum de independencia y las espadas estaban en alto. Arropado por las movilizaciones del independentismo en la calle, el Gobierno catalán lo disponía todo para llevar las urnas a los colegios electorales. El Estado, mientras tanto, fiaba su respuesta al desafío a los tribunales: un juez de Barcelona investigaba los preparativos de la consulta y trataba de cortocircuitarla con registros quirúrgicos de la Guardia Civil. El 20 de septiembre de 2017, el juez decidió dar lo que parecía ser el mazazo definitivo al referéndum: ordenó la detención de 15 altos cargos de la Generalitat, incluidos dos de los arquitectos del procés: el número dos de Vicepresidencia, Josep Maria Jové, y el secretario de Hacienda, Lluís Salvadó.Seguir leyendo.
Via: 20-S: el acelerador del ‘procés’
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