No es fácil excluir la rebelión

En España se ha creado un estado de opinión virtual, según el cual bastaría con que la Fiscalía o el Estado renunciaran a acusar de rebelión a los procesados por el 1-O para dar bajonazo judicial a este proceso, o para poner el contador del separatismo a cero y alcanzar acuerdos políticos que rebajen la inflamación secesionista. Las invasivas «sugerencias» que hace en público el Gobierno a la Fiscalía General, como «gesto» o contrapartida a ERC o el PDECat para lograr la aprobación de los Presupuestos, rozan lo obsceno. Ese latente estado de opinión ha sentenciado ya, sin juicio, que no existe la autoría de rebelión porque nunca hubo violencia, y que como máximo pudo producirse una inducción a la sedición, lo que rebajaría sensiblemente las peticiones de cárcel para los acusados. Así, se extiende la idea de que si el Ministerio Público no acusa por rebelión, no solo no podrá haber condena por ese delito, sino que «no hay caso». Sin embargo, y para lamento del independentismo y de sectores del Gobierno, la separación de poderes y la autonomía del Ministerio Fiscal existen. Los cuatro fiscales encargados de esta causa pertenecen a la cúpula de la carrera fiscal. Y aunque tienen sensibilidades ideológicas y trayectorias dispares, mantienen una férrea unidad de criterio jurídico en este caso. La fiscal general es consciente de que, ni aun recibiendo supuestas instrucciones, sugerencias, indicaciones o insinuaciones del Gobierno, tendría margen de maniobra efectivo para alterar el criterio aceptado sobre la rebelión, que durante un año de instrucción ha sido firme. Se expondría a otra «rebelión»: la de sus propios fiscales subordinados. Y aun en la extraña hipótesis de que la Fiscalía rectificase su opinión, el Tribunal podría seguir juzgando -y condenando- por rebelión ya que Vox ejerce una acusación independiente garantizada por la llamada «doctrina Atutxa», que «libera» al Tribunal de la obligación de enjuiciar solo lo planteado por el fiscal. Sirva un detalle aún vigente en este proceso: la Fiscalía reclamó la excarcelación de Joaquim Forn por motivos de salud, y el Supremo la denegó compartiendo el criterio de Vox de mantenerlo en prisión. El ponente de esta decisión no fue precisamente un «derechista peligroso», e hizo caso omiso de la Fiscalía. Habrá juicio por rebelión.
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