El Gobierno quiere ahora rebajar el tono sobre el juicio del procés tras las críticas de la oposición, que le acusa de presionar a la justicia. En ese intento de suavizar, el Ejecutivo llega a sostener que la Abogacía del Estado, un órgano que depende estrictamente del Ministerio de Justicia, tendrá las manos libres para decidir con estrictos criterios técnicos y jurídicos si quiere acusar de rebelión a aquellos de los 18 dirigentes independentistas sobre los que pesa dicha acusación o va a rebajar esas peticiones, algo que tal vez no tendría muchas consecuencias jurídicas pero sí sería un gesto político de gran impacto. El Ejecutivo decidirá la próxima semana qué hacer, pero la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, este viernes tras el Consejo de Ministros, ha tratado de quitarse presión asegurando que la abogacía es libre para decidir lo que quiera, algo difícil de creer con el funcionamiento de este órgano de la Administración. “Este Gobierno no dará instrucciones a la fiscalía ni a la Abogacía del Estado, que entregarán sus calificaciones el 2 de noviembre con estrictos argumentos jurídicos”.Seguir leyendo.
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