Juana Rivas huye con sus hijos para no entregarlos al padre maltratador

Cuando el reloj marcaba las 16.30 horas de la tarde de ayer, nadie sabía dónde estaba Juana Rivas. La madre estaba obligada a llevar ayer a sus dos hijos con su padre, un hombre de nacionalidad italiana ya condenado por haberla maltratado en 2009 y contra el que interpuso otra denuncia por violencia de género -aún en trámite- el pasado año. Pero el Juzgado de Primera Instancia 3 de Granada no ha esperado a que se resuelva su caso y ordenó la ejecución de una providencia que Juana finalmente ha incumplido. La abogada de Juana Rivas, María Castillo, ofreció ayer –a la misma hora a la que Juana debía entregar a sus hijos– una rueda de prensa en la que aseguró desconocer el paradero de la madre, que el pasado martes adelantó entre lágrimas su negativa a dejar a los niños con el padre. «No sabemos dónde está Juana Rivas», insistió también Francisca Granados, responsable del Centro de la Mujer del municipio granadino de Maracena, donde habitualmente reside la madre. «Fuera de cobertura» La directora del Centro de la Mujer de Maracena afirmó ante los medios que la última vez que habló con Juana Rivas fue el martes a las once de la noche. Supuestamente, desde ese momento se le pierde la pista. El teléfono de la madre estaba «apagado o fuera de cobertura» cuando ayer trataron –ella y la abogada– de contactar con Juana sin éxito. La letrada de Rivas tampoco quiso dar detalles de las intenciones de su cliente en base al secreto profesional. El padre de los menores sí acudió al Punto de Encuentro Familiar donde Juana debería haber llevado ayer por la tarde a los niños, de 11 y 3 años. Tras ver que su expareja no se presentaba, el italiano optó por desplazarse hasta Maracena para contar lo sucedido en el cuartel de la Guardia Civil. A pocos metros de allí y a la misma hora, unos 200 vecinos del pueblo granadino se congregaron en señal de apoyo a Juana Rivas con el lema «Todos somos Juana». Tanto Granados como Castillo mantuvieron en la mañana de ayer una reunión urgente con la fiscal que se ocupa del caso para tratar de revocar la orden judicial, aunque la postura del Ministerio Público es inamovible. Según argumentaron, «la ejecución generaría un daño irremediable para estos dos menores», como demostrarían los dos informes que han presentado: «En ningún momento la fiscal ha abierto ni una página de los informes». «Parece que todo el mundo ha olvidado las consecuencias que puede tener para los niños», incidió Granados, aunque no desvelaron si también fueron víctima de maltrato. Las secuelas que acarrearía la entrega de los menores al padre están recogidas en los «demoledores» informes que la letrada de Juana ha presentado al tribunal junto al recurso de reposición con el que pretenden anular la sentencia civil. La Fiscalía, inamovible Al final de la reunión con la fiscal, Francisca Granados formuló dos preguntas concisas: «¿Está de acuerdo conmigo en que la Fiscalía tiene competencias para iniciar medidas cautelares? ¿Y está dispuesta la Fiscalía a adoptar algún tipo de medida para que no se ejecute la providencia en base a estos dos informes?». La respuesta de la fiscal fue contundente: «Yo no voy a hacer nada». «Ha sido uno de los momentos más frustrantes en mis 25 años trabajando con casos de violencia de género», apuntó Granados a los medios. Por el momento, la letrada de Juana Rivas se limitará a esperar a que le llegue la notificación judicial por el incumplimiento de su clienta, y ha informado de que presentará «de forma inmediata» un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para que tumbe la decisión del Juzgado de Primera Instancia 3 de Granada. Entre tanto, falta por pronunciarse el Tribunal Supremo, ante el cual se interpuso otro recurso hace unos meses para evitar que la madre tuviera que entregar a sus hijos. La huida de Juana El recurso ante el Tribunal Constitucional que presentarán próximamente no sólo iría encaminado a evitar la marcha de los niños con el padre, sino también a «exigir responsabilidades concretas frente a todos y cada uno de los funcionarios que no están cumpliendo con las funciones del estado de derecho», pues la parte de Juana Rivas sostiene que se han cometido ilegalidades en el proceso. El vía crucis de Juana se remonta a 2009, cuando interpuso contra su expareja una denuncia por lesiones. El italiano fue condenado a 1 año y 3 meses de alejamiento. Tras cumplir su pena, ambos recuperaron su relación sentimental. Él le prometió que había cambiado y ella, crédula, decidió regresar con el padre de sus hijos para darle otra oportunidad; una nueva oportunidad que acabó siendo un infierno para ella. «Olvidarse de ese marco nos sitúa en una realidad que no es de la que estamos hablando», señaló Francisca Granados. Juana Rivas regresó a la isla italiana de Carloforte, en Cerdeña, donde reside el padre. De nada sirvió que su pareja y ella renovaran sus votos maritales. Lo que vino después fueron dos años de «auténtica tortura» en ese pequeño territorio aislado por mar. Allí vivían en una casa rural ubicada a unos 8 km de la población más cercana. La situación de maltrato físico y psicológico se mantuvo hasta que Juana Rivas huyó de Calaforte. La madre decidió coger a sus dos hijos y volver a España. Una vez en su pueblo, el 12 de julio de 2016 acudió al cuartel de la Guardia Civil para formular la segunda denuncia por violencia de género. Según la directora de Igualdad de Maracena, la narración de Juana Rivas es fundamental para revocar la orden judicial de la entrega de los niños al padre. Al cierre de la edición, la Policía Nacional confirmó a este diario que todavía no había recibido ninguna orden judicial para detener a Juana.
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