Los rectores dan el visto bueno a la nueva ley universitaria de Cifuentes

La Comunidad de Madrid ha dado un nuevo impulso a la Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior (LESMES) con la que pretende potenciar y modernizar el sistema universitario público y privado de la región. La Consejería de Educación ha recibido, a través de una comunicación privada, el visto bueno de la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid (CRUMA) al nuevo borrador del anteproyecto de la nueva ley tras las críticas que realizaron a la primera propuesta regional el pasado mes de marzo. Los rectores recibieron una copia del texto hace una semana en una reunión con la presidenta Cristina Cifuentes y el consejero del ramo. El nuevo borrador asegura una financiación estable y plurianual –de 5 años– para los centros universitarios públicos. Este era uno de los principales escollos para los rectores junto con el temor a la pérdida de autonomía universitaria. Ahora, en la mencionada carta a la Consejería, solo critican la falta de «ambición» regional en cuanto a los requisitos que deben cumplir las universidades privadas para abrir nuevos centros educativos en la región. Tras la «percepción en principio favorable» de los rectores, el borrador del anteproyecto de ley puede «seguir mejorando en el trámite parlamentario con la participación de todos los grupos de la Asamblea, intentando recabar el máximo consenso posible», exponen en la misiva. Según ha expresado esta mañana el consejero Rafael Van Grieken la LEMES podría estar aprobada antes del verano de 2018. «En unos cuatro años se empezarían a ver resultados en materia de investigación y competitividad», ha indicado en un desayuno informativo. Marco de financiación estable Educación ha remitido ya el nuevo borrador al resto de representantes de la comunidad educativa para buscar el «máximo consenso posible». Hasta ahora, el funcionamiento de las universidades madrileñas ha estado regulado por la legislación nacional. La nueva norma garantiza un marco de financiación estable, común y plurianual –renovable cada cinco años–, cuya parte sustancial será fija y la otra será variable por objetivos. La primera estará destinada a cubrir los costes de funcionamiento. La segunda, según Van Grieken, pretende incentivar la internacionalización de los estudios que ofrece Madrid y generar una mayor competitividad entre los centros. Aunque aún no se han definido los objetivos cuantificables que determinarán dicha parte variable, la consejería ha enumerado una serie de objetivos generales para medir la investigación, la docencia, la innovación y la transferencia de conocimiento. Una serie de aspectos «fundamentales» para la nueva Ley. Estos criterios podrían tener en cuenta aspectos como el número de publicaciones, el impacto de las mismas, la tasa de éxito de las titulaciones, el uso de nuevas metodologías docentes, la adopción de «buenas prácticas internacionales» o la capacidad para captar fondos para proyectos de investigación entre otros factores. La Consejería ha explicado, en este sentido, que pondrá especial atención a la atracción de talento extranjero y los programas bilingües de las universidades madrileñas. Madrid es la única comunidad autónoma con más de una universidad que no dispone de regulación específica de su sistema de educación superior.
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