El Gobierno admite que su reforma de aforamientos es «cuantitativamente pequeña» y busca el apoyo del PP

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy viernes su anteproyecto de reforma de la Constitución para modificar los artículos 71.3 y 102.1 para limitar los supuestos en que los diputados, senadores y miembros del Gobierno son aforados ante la Justicia. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha presentado la propuesta como defensa de la «regeneración de la democracia». La número dos del Ejecutivo ha defendido que la reforma «acotará los aforamientos de los cargos públicos». Tras recibir hace dos semanas la respuesta del Consejo de Estado, «un informe muy positivo», ha dicho Calvo, el Gobierno ha construido su anteproyecto de reforma. Una propuesta que ha reconocido como «cuantitativamente pequeña» ya que mantendrá el aforamiento «a las funciones del cargo que ejercemos». Calvo ha planteado que se abre además un periodo de un año para «las modificaciones que se deriven de esta reforma», que es algo que solicitaba el Consejo de Estado para que esta supresión de aforamientos alcance a otras autoridades del Estado como el Defensor del Pueblo o el presidente del Tribunal Supremo. Para esto habría que modificar la ley del poder judicial. La vicepresidenta ha anunciado que Sánchez va a comenzar una ronda de trabajo y puesta en común con el resto de partidos para buscar los apoyos para poder aprobar la reforma. El socio imprescindible es el PP, que con su mayoría absoluta en el Senado puede frenar cualquier modificación constitucional. El riesgo que puede alargar los plazos es el planteamiento de Podemos de que cualquier cambio constitucional tiene que ser sometido a referéndum. Y tiene los diputados suficientes (se requiere un 10%) para forzar la celebración de una consulta. Calvo ha asegurado que «no podemos decirle a ningún grupo que pueda tener la fuerza» que no lo haga.
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