El Gobierno quiere equiparar las armas de juguete con las de fuego

El actual borrador del Reglamento de Armas del Ministerio del Interior menciona hasta 30 veces el término «arma» a lo largo de su articulado, en vez de «arma de fuego». Una ambigüedad que, de cara a las restricciones de cesión, custodia, pérdida o uso que plantea el texto, podría acabar afectando armas blancas, arcos, escopetas de aire comprimido, armas de air soft e incluso de paint ball casi como si de un arma de fuego se tratara, según han denunciado cazadores y armeros este lunes. El colectivo ha exigido la retirada «inmediata» del borrador, que consideran perjudicial para el sector, además de una «traición» del actual Gobierno de Pedro Sánchez, ya que en su redacción no se han tenido en cuenta los trabajos previos de ambos sectores con la Intervención Central de Armas y Explosivos de la Guardia Civil (ICAE). En una rueda de prensa en la que han estado presentes la Real Federación Española de Caza (RFEC), la Real Federación de Tiro Olímpico, la Asociación Armera y la Federación Sectorial Armera, han avanzado que, de aprobarse el texto, impugnarán ante los tribunales el real decreto que está abierto a consulta pública hasta el 7 de febrero. «Técnicamente se equipara (no en todos los términos, pero prácticamente se equipara) la tenencia de armas de fuego a otras categorías que no tienen ninguna incidencia en la seguridad ciudadana, como pueden ser las carabinas de aire comprimido, las armas de aire soft, las de paintball, cuchilleria… va a suponer la desaparición de todas las modalidades deportivas que están abiertas a esta definición de armas, la desaparición de negocios que se centran en este tipo de armas, de muchos negocios de juegos, hasta de las casetas de feria en las que se presta una carabina para tirar a un palillo», ha dicho Marta Gómez, gerente de la Asociación Armera. El origen de esta reforma está en la nueva Directiva de Armas aprobada por la Comisión Europea en marzo de 2017, que debía trasponerse a los países miembro para salvaguardar algunos aspectos sobre seguridad. Sin embargo, cazadores y armeros consideran que el borrador español ha ido mucho más allá e impone sanciones desproporcionadas. «Los cazadores somos plenamente conscientes de la importancia de la seguridad ciudadana, pero el porcentaje de armas de caza implicadas en delitos es mínimo, y aún menor en casos de terrorismo», ha explicado el presidente de la RFEC, Ángel López Maraver. Bolas de plástico El texto endurece el régimen de tenencia y custodia hasta de los juguetes que disparan bolas de plástico, han denunciado en la rueda de prensa. «Esta norma pretende tener a la Guardia Civil en el control de juguetes, entiendo que alguna de sus funciones importantes van a tener que desatender porque no tienen capacidad ni recursos para controlar pistolas que lanzan bolas de plástico», ha lamentado Gómez. Tras estudiar el texto y presentar sus alegaciones, cazadores y armeros están convencidos del gran perjuicio que conllevaría el articulado actual para fabricantes, armerías o particulares. «Va a ser un auténtico drama para los tenedores de armas, ya no vamos a poder demostrar que tenemos el armario armero en condiciones», ha dicho Pedro Morras, secretario de la Federación Sectorial Armera, ante la ambigüedad de la redacción. «Va a haber sanciones brutales por cosas nimias, armas legales que se van a decomisar, problemas enormes para el transporte de armas…». Otro de los artículos polémicos se encuentra el 156, en el punto d, se considera como infracción grave «la omisión, insuficiencia, o falta de eficacia de las medidas de seguridad o precauciones que resulten obligatorias, necesarias o suficientes para garantizar la custodia de las armas reglamentarias…». Esta redacción, creen los colectivos, podría conducir a que si hay un robo en casa, seas responsable. «Se sancionan sucesos, no conductas», ha asegurado Gómez. «Los cazadores siempre son culpables», ha resumido Morras. La RFEC ha solicitado una reunión con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, con la Dirección General de la Guardia Civil y con los diversos partidos políticos para solicitar que el nuevo reglamento sea una «mera transposición de la Directiva Europea», aunque por el momento no se plantean movilizaciones. «Ahora el trabajo está en las instituciones», ha dicho López Maraver, quien más adelante no descarta que si se convoquen. «Es una pena porque el reglamento podría haber estado consensuado», ha lamentado.
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