El Gobierno ha aprobado este viernes el proyecto de ley de Educación que modifica la LOE aprobada por los socialistas en 2006, y elimina la Lomce, más conocida como «Ley Wert». Así lo ha confirmado ayer ABC y anunciado la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. En su interrvención ha asegurado que «es un proyecto muy enriquecido por la comunidad educativa y muy respaldado». El texto debe pasar ahora al Congreso, pero dado que Pedro Sánchez ha convocado elecciones para el 28 de abril, el 5 de marzo se disolverán las Cortes por lo que la tramitación parlamentaria quedará suspendida. La comunidad educativa no encuentra ya los calificativos para definir esta situación. «Es una grave irresponsabilidad que llegue al Consejo de Ministros el anteproyecto sabiendo que se van a adelantar las elecciones generales. No da tiempo a tramitar la nueva ley», señalaba ayer a este periódico Luis Centeno, secretario general adjunto de Escuelas Católicas. La comunidad educativa entiende que se trata de una estrategia, un «brindis al sol», un intento del Gobierno de dejar un «legado» tras su marcha. El Gobierno ha seguido adelante con sus planes, pese a las críticas de la comunidad educativa y tampoco ha tenido en cuenta al Consejo de Estado, el supremo órgano consultivo del Gobierno. Por esta institución debería haber pasado el texto antes de llegar al Consejo de Ministros aunque el argumento del Gobierno es que el informe del Consejo de Estado «no es preceptivo». «No hay por qué esperar al informe del Consejo de Estado», defendió la ministra de Educación, Isabel Celaá. «No es obligatorio», la acompañó Fernando Gurrea, subsecretario de Educación y FP al ser preguntados por este periódico por esta cuestión el pasado mes de enero. El PP y Cs, sin embargo, sostienen lo contrario y aseguran que el Gobierno sí estaba obligado a considerar el dictamen del Consejo de Estado. «La cuestión es si ese anteproyecto, primero, cumple todos los requisitos formales y jurídicos, es decir, si cuenta con el informe del Consejo Escolar y del Estado. Y luego, entiendo que un Gobierno aprueba una anteproyecto y lo convierte en proyecto de ley para debatirlo en el Parlamento, no para convocar elecciones. Se está produciendo es una utilización propagandística de algo tan serio como es la educación», critica Sandra Moneo, portavoz de Educación del PP en el Congreso. «Es una absoluta vergüenza que lleven a escondidas, sin haber pasado el borrador con las enmiendas del Consejo Escolar del Estado, sin el informe preceptivo del Consejo de Estado una reforma educativa que nos va a lastrar durante años», ha criticado la portavoz de Educación de Cs en el Congreso, Marta Martín. «Un anteproyecto con elecciones es un salto al vacío porque se tramita una ley en un Parlamento que se va a disolver», apuntó Mario Gutiérrez, presidente de Educación del sindicato CSIF. «El anteproyecto es una vuelta a conceptos que han fracasado y que no ataca los problemas que tiene la educación española», añadió. «Es una ley que necesita un procedimiento legislativo largo y con elecciones no se aprobará y eso suma inestabilidad», apuntó Carles López, presidente de la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (Canae) que reclama que no se han resuelto problemas urgentes como las pruebas finales de Bachillerato para acceder a la universidad o el sistema de becas y ayudas al estudio. Pero, ¿qué dice la «ley Celaá»? El proyecto de ley impide a las autoridades religiosas decidir sobre el currículo y los libros de texto en la asignatura de Religión. El texto también permite la obtención del título de Bachillerato con una asignatura suspensa o la posiblidad de realizarse esta etapa en tres cursos en lugar de los dos como se ha hecho hasta ahora. Esto significa que los alumnos pueden pasar de 1º a 2º con más de dos asignaturas suspensas en lugar de repetir. En 2º se cursarían las suspensas más las de este curso. En un hipotético 3º curso se matricularían de las pendientes el curso anterior.
Via: El Gobierno aprueba el proyecto de ley de Educación pese a la convocatoria de elecciones

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