La letrada del caso 1-O denuncia ante el juez el acoso independentista contra ella en las redes

La letrada del juzgado de Barcelona que investiga los preparativos del referéndum del 1-O ha denunciado hoy jueves en el juzgado de guardia el acoso que ha sufrido en las redes sociales después de su declaración ayer como testigo en el Tribunal Supremo. Montserrat Toro, secretaria del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, declaró ayer miércoles como testigo en el juicio que se sigue en el Tribunal Supremo contra los líderes del «procés». El tribunal aceptó su petición de no mostrar su imagen en la retransmisión televisiva de la vista oral. Pues bien. Determinadas personas y «colectivos radicales» publicaron en las redes sociales la fotografía de la secretaria, acompañada de diversas indicaciones que pueden facilitar su localización y de textos que «incitan expresamente al ejercicio de la violencia física sobre su persona, a parte de otros de naturaleza claramente ofensiva y vejatoria». Así lo sostiene el fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, en una diligencia de este jueves en la que había ordeando investigar estos mensajes. Según el fiscal, estos mensajes, además de incompatibles con los mínimos estándares de convivencia exigibles en una sociedad pretendidamente democrática, «constituyen una execable reacción con relación a la actuación de la señora Toro». Sin embargo, hoy mismo, una vez que la Fiscalía ha tenido conocimiento de que la víctima había denunciado el caso ante el juzgado de guardia, ha archivado la investigación que había iniciado a «motu propio» porque así lo marca la ley cuando la causa ya está judicializada. La secretaria del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona relató ayer ante el Supremo que se sintió acosada cuando el 20 de septiembre de 2017 participaba en los registros de la Consejería de Economía de la Generalitat, y miles de personas se concentraron en las puertas en protesta por esta actuación judicial. Ante este supuesto acoso en las redes, el fiscal había ordenado a los Mossos d’Esquadra que identifiquen a los autores de estos mensajes y se les tome declaración como investigados. El fiscal considera que estos hechos pueden ser constitutivos de los delitos de obstrucción a la justicia, descubrimiento y revelación de secretos, e injurias con publicidad a funcionario público. Tras tener constancia de la denuncia de la letrada, la Fiscalía ha archivado sus diligencias, dado que la ley establece que el ministerio público debe abstenerse de investigar aquellos casos que estén judicializados.
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