La repentina decisión del Ministerio del Interior de paralizar “cautelarmente” un experimento con presos violentos, revelada ayer por EL PAÍS, ha desatado un debate en la comunidad científica. La investigación, realizada en las cárceles de Huelva y Córdoba, consistía en suministrar una leve corriente eléctrica en la frente de los reclusos y evaluar antes y después la percepción de su propia agresividad. Desde 2016, han participado 41 presos, 15 de ellos condenados por homicidio.Seguir leyendo.
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