La familia Franco para los pies al Gobierno: «No puede exhumar antes de que el Supremo resuelva»

Segura y sin vacilar, la vicepresidenta Carmen Calvo ha anunciado hoy que el Gobierno pretende exhumar el 10 de junio a Francisco Franco del Valle de los Caídos para trasladarlo ese mismo día al Pardo. También seguro y sin que le temblara la voz, Luis Felipe Utrera-Molina, abogado de la familia Franco, ha parado los pies al Gobierno a preguntas de ABC al recordar al gabinete de Pedro Sánchez que no podrá exhumar al dictador antes de que el Tribunal Supremo resuelva el conflicto judicial abierto. «El Gobierno no puede proceder a ejecutar la exhumación mientras está sub júdice la petición medidas cautelares que hicimos», explicó el abogado de los nietos de Franco quien, minutos antes de que saltara la noticia, confiaba en que el Ejecutivo no se aventurara a anunciar lo que finalmente ha anunciado: «El Gobierno no puede ejecutar la exhumación si el Tribunal Supremo no se pronuncia». Utrera-Molina fundamenta sus certezas jurídicas, como admite, «en la jurisprudencia» establecida tanto por el Supremo como por el Constitucional y que, a su juicio, es muy clara. «Si ejecutan un acto vulnerarían el artículo 24 de la Constitución, ya que hemos pedido medidas cautelares y no se han resuelto todavía», insiste el letrado, quien añade: «De esta forma la Administración se convierte en juez y parte». Suelo inestable Hasta el momento, el Alto Tribunal ha descartado aplicar medidas cautelares que paralizaran el proceso porque consideraba que no existía un riesgo real de que se llevara a cabo la exhumación. Ahora las circunstancias han cambiado, puesto que el Gobierno ha determinado la fecha para dicho procedimiento y el Supremo podría entender conveniente la imposición de medidas cautelares para no perjudicar a la parte afectada, en este caso los familiares del dictador. De igual modo, el Gobierno se ha aventurado a realizar el anuncio antes de que el Supremo resolviera sobre el recurso presentado la semana pasada por los Franco, por lo que podría toparse con que la resolución del Alto Tribunal contraviniera su voluntad y directamente le negara la exhumación del dictador. A estos dos escollos judiciales hay que sumar un tercero. Se trata de las deficiencias técnicas existentes en el proyecto del Gobierno para acometer el levantamiento de la lápida bajo la que se encuentran los restos de Franco y que motivaron que el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Madrid suspendiera la exhumación. Al respecto, la vicepresidenta Calvo no ha querido responder en rueda de prensa si todos estos permisos urbanísticos están en regla. Oposición del prior En la lista de obstáculos que el Gobierno debe esquivar para proceder a la exhumación el próximo 10 de junio -amén de las instancias judiciales- está la voluntad del prior de la abadía benedictina del Valle de los Caídos. Pese a que Carmen Calvo ha reivindicado que la Iglesia no se opondrá a la exhumación, algo que desde el Vaticano desmintieron en su día y hasta en dos ocasiones, el prior benedictino ya indicó también que sólo facilitaría la exhumación si así lo ordena el Tribunal Supremo. «Realizar alguna actuación sería prevaricadora, no creo que el Gobierno se atreva», ha refrendado el abogado de la familia Franco que, por el momento, esperará antes de tomar cualquier otra medida a que el Tribunal Supremo dictamine si atiende o no sus peticiones para suspender, al menos cautelarmente, una exhumación que podría llegar incluso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
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