Crucifijos, estampitas de la virgen de la Merced, del papa Francisco y carteles con el mensaje “Salvemos las dos vidas” —la de la madre y la del feto— decoran hospitales, escuelas, taxis, farmacias y otros negocios de San Miguel de Tucumán, en el norte de Argentina. En un hospital a las afueras de esta capital provincial, el pasado 29 de enero ingresó una niña de once años embarazada de 21 semanas. Se la conoce como Lucía para proteger su identidad. Contó que su abuelastro la había violado y expresó un deseo tajante: “Quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo”. La ley la amparaba, pero el Gobierno tucumano tardó cuatro semanas en ordenar la interrupción de su embarazo y solo actuó cuando recibió un oficio judicial. Ya era demasiado tarde: los médicos dijeron que existía riesgo para su vida y le practicaron una cesárea. La bebé, concebida por su violador, de 65 años, pesaba 660 gramos al nacer. La llamaron Faustina. Murió a los 10 días.Seguir leyendo.
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