Bruselas cierra el expediente a España por déficit excesivo pero pide unos «presupuestos serios»

La Comisión Europea ha pedido este miércoles cerrar el expediente abierto a España en 2009 por déficit excesivo, tras haber reducido el desvío de las administraciones públicas el año pasado hasta el 2,5% del PIB desde el 11% registrado hace diez años. España sale así del procedimiento por déficit excesivo, aunque se mantiene bajo vigilancia en la «rama preventiva» por la deuda. Esto significa que, en lugar del déficit, se tendrán en cuenta los esfuerzos estructurales que haga el país, o lo que es lo mismo, aquellos que realice sin tener en cuenta la aportación del ciclo económico. La Comisión, eso sí, vigilará que nuestro país siga reduciendo la deuda pública. La salida de España marca el final de una década de control del déficit por parte de Bruselas, un mecanismo que ya habían abandonado todos los países y cuya bajo vigilancia solo permanecía España. Hace diez años, sin embargo, eran más de 20 las naciones sometidas a ella. Aunque la decisión todavía debe ser confirmada por los ministros de Economía y Finanzas, lo cierto es que el adiós al brazo ‘corrector’ del Ejecutivo comunitario suponer poner el punto y fianl a un procedimiento que ha marcado la política presupuestaria de tres gobiernos distintos: primero el de José Luis Rodríguez Zapatero, después el de Mariano Rajoy y finalmente el de Pedro Sánchez. El déficit público de España se disparó en 2009 hasta el 11%, el máximo alcanzado durante la crisis, para bajar al 9,4% en 2010 y repuntar al 9,6% en 2011 y al 10,5% en 2012. Desde entonces se ha estrechado progresivamente, aunque a menor ritmo del que exigía Bruselas. De hecho, España solicitó cuatro prórrogas para cumplir con los objetivos marcados por la Comisión, una con el Gobierno de Zapatero y tres más con el posterior de Mariano Rajoy. El momento más crítico del procedimiento se vivió en 2016, cuando la Comisión propuso multar y congelar fondos comunitarios a España, así como a Portugal, por no haber tomado medidas suficientes para corregir el desvío en sus cuentas públicas. El comisario de asuntos economicos Pierre Moscovici ha felicitado hoy a España por este paso aunque ha lanzado un claro mensaje al nuevo Gobierno y ha asegurado que espera de él que «haga un Presupuesto serio». Aviso a Italia No en vano, Bruselas ha propuesto también hoy abrir el procedimiento de déficit excesivo a Italia por no haber reducido lo suficiente su deuda pública, que en 2018 llegó al 132,2% del PIB. Esa medida, en última instancia, podría dar lugar a sanciones de alrededor de 3.500 millones de euros, equivalente al 0,2% del PIB italiano. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento fija que los Estados miembros de la Unión Europea no deben tener un déficit público que supere el 3% del PIB ni una deuda pública que sobrepase el 60% del PIB. En el caso de la deuda, se incumplen las normas comunitarias si además de rebasar el umbral del 60% no se reduce «a un ritmo satisfactorio». En esos casos, los países se arriesgan a quedar inmersos en un procedimiento por déficit excesivo, como el que acaba de abandonar España. Y es precisamente lo que sucede con Italia, cuya deuda pública fue del 132,2% del PIB en 2018 y que, según las últimas previsiones macroeconómicas de la Comisión Europea, crecerá hasta el 133,7% del PIB este año y al 135,2% en 2020, según informa Efe. Por tanto, Bruselas consideró hoy «justificado» abrir a Roma un procedimiento por déficit excesivo. «En el caso de Italia, el análisis sugiere que se debería considerar que se incumple el criterio de la deuda y que, por lo tanto, un procedimiento de déficit excesivo por la deuda está justificado», indicó la CE. Tras plasmar en un informe que Italia incumple el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y abogar por la apertura del procedimiento de déficit, serán los ministros de Finanzas de la Unión (el Consejo) quienes tomen la decisión final, previsiblemente en su reunión de julio. El miércoles de la semana pasada, la Comisión Europea ya envió una carta a Roma en la que pedía explicaciones por no haber realizado los esfuerzos suficientes para reducir la deuda pública. Italia tenía un plazo de 48 horas para contestar y en su respuesta, el ministro de Finanzas, Giovanni Tria, apuntaba que en 2018, aunque Italia no lograra reducir su deuda, el Gobierno «ha actuado con prudencia y responsabilidad». Reconocía también «la necesidad de conseguir un saldo primario más elevado para devolver la deuda pública a una trayectoria claramente descendente», pero pedía tiempo dado el contexto macroeconómico. Sin embargo, esas explicaciones no han sido suficientes para la Comisión Europea. El procedimiento por déficit excesivo para Italia ya estuvo a punto de ponerse en marcha a finales del año pasado cuando Roma quiso elevar el déficit público para 2019 hasta el 2,4% del PIB. No obstante, tras unas intensas negociaciones con Bruselas, Roma aceptó rebajar el objetivo de déficit al 2,04 % y de ese modo evitó la apertura del procedimiento.
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