El abogado de Junqueras intenta condicionar al Supremo pidiéndole que «devuelva la pelota a la política»

Con un discurso a medio camino entre el mitin político y la crítica jurídica, el abogado de Oriol Junqueras ha buscado condicionar este martes al tribunal del «procés» y le ha solicitado que «devuelva la pelota a la política» en la sentencia. Al cerrar su alegato, el letrado Andreu Van den Eynde ha dejado a un lado que esto es un juicio penal y ha solicitado a los jueces que resuelvan «este conflicto». [Sigue en directo el juicio del «procés»] «En Cataluña hay indignación, no deja de ser la desafección de Montilla del 2010 evolucionada. Estamos ahí, con la mano tendida para solucionar este conflicto. Espero haberles ayudado a hacer la mejor de las sentencias, pero sobre todo que la sentencia resuelva conflictos», ha concluido el abogado, que también defiende a Raül Romeva. Su alegato ha abierto el turno de los informes finales de las defensas de los doce acusados, el trámite en el que expresan sus conclusiones del juicio. Al enunciar esa reflexión, Van den Eynde ha ido más allá y ha advertido a los siete magistrados que definirán según él qué modelo de Estado quiere ser España. «¿Qué modelo queremos, un mundo feliz en el que nadie protesta ni insulta? Frente a la obediencia, la democracia y todos los sistemas responden igual. El problema está en la respuesta a la protesta, ahí está la diferencia en cómo responde un estado democrático y uno autoritario», se ha preguntado en voz alta el abogado, que se ha olvidado de la respuesta del sistema a los que rompen las reglas del juego. El abogado de Junqueras no se ha apartado de sus tesis habituales y ha denunciado que este juicio es una «causa general» contra el independentismo en la que se persigue «una ideología». «Por eso se criminaliza expresarla internacionalmente o demostrarla en votaciones», ha manifestado el letrado sobre el plan secesionista ilegal, que incluyó la aprobación de una normas manifiestamente ilegales, la celebración de un referéndum prohibido por la Justicia y la declaración unilateral de independencia, en la que los acusados proclamaron la secesión de Cataluña. Todo sucedió en el otoño del año 2017, elevando la tensión política en España. Para dar forma a sus críticas, Van den Eynde ha sostenido que las acusaciones están aplicando lo que él denomina el «derecho penal del enemigo», el que se aplica a lo que él denomina la disidencia política. «Esta causa se inicia como una causa general y prospectiva, de nulidad radical», ha expresado para después añadir que las pruebas se han obtenido de forma ilegal, sin «igualdad de armas entre las partes». También ha criticado que la investigación fue «generalizada e invasiva». Al abordar los hechos concretos, ha restado importancia a todos los pasos adelante del plan secesionista ilegal y ha contextualizado todo en un supuesto derecho a la protesta. Para Van den Eynde, el acoso a la Guardia Civil del 20 de septiembre, en el que fueron destrozados dos vehículos y la comitiva judicial no pudo salir de la sede registrada hasta la madrugada, solo fue «una manifestación con mucha afluencia». También ha reducido el documento Enfocats, uno de los que sustenta la estrategia del «procés» según las acusaciones, solo es un mero «panfleto con lugares comunes», del que se echaría a reír si este juicio no fuera tan grave. También ha negado que el plan secesionista ilegal empleara la violencia para lograr sus fines y, sobre todo, que los acusados la asumieran e incitaran. «La única violencia se cuenta con los dedos de la mano, son tres casos, actuaciones reactivas a una situación tensional concreta de un colegio determinado, efectuado por una persona aislada. Es la teoría de los grupúsculos», ha señalado el abogado. Ha tratado de rebatir el delito de rebelión y ha negado que hubiera un alzamiento. «La gente no salió a la calle a derrocar al Estado. Salió un día a protestar y otro a votar». Para reforzar ese argumento, ha insistido en que los acusados siempre han renegado de la violencia y ha denunciado que no las acusaciones no han podido encontrar ningún mensaje por su parte en la dirección contraria. Ha ignorado en ese momento todos los avisos de los Mossos d’Esquadra a los líderes del «procés», a quienes alertaron de los previsibles enfrentamientos que se producirían el uno de octubre si seguían adelante con el referéndum ilegal, un escenario que los policías dibujaban como inevitable. Los políticos secesionistas mantuvieron la votación y asumieron así todo lo que podía suceder aquel día. Con este alegato, plagado de denuncias políticas, el abogado busca responder a las acusaciones, que la semana pasada expresaron sus conclusiones finales. La Fiscalía argumentó su acusación por rebelión y defendió que los acusados emplearon la violencia cuando fue necesario para cumplir algunos de los pasos previstos en su estrategia para alcanzar la independencia catalana por las vías ilegales. Defensa de Forn La defensa de Joaquim Forn, que ejerce Xavier Melero, ha desvinculado al Govern de la Generalitat del cumplimiento de las funciones de los Mossos, un cuerpo, ha dicho, del que el Ministerio del Interior desconfió desde el primer momento, desde el 6 de septiembre. Por este motivo, en su opinión, en ningún momento el coronel Pérez de los Cobos, responsable del dispositivo del 1-O, habría dejado la actuación policial del 1-O en manos de los agentes autonómicos. «Nadie desde el Ministerio quería coordinarse con la Policía autonómica. Venían a hacer una intervención unilateral», ha dicho. Y el cumplimiento del mandato judicial fue «un fracaso». «Desde la promulgación de las leyes de desconexión la idea de mandar efectivos intentaba dar una apariencia de coordinación con la policía autonómica con el propósito de actuar de manera unilateral al servicio de una pretensión que no era el cumplimiento de las instrucciones de la Fiscalía», sino que «nadie pudiera decir que aquello era un referéndum homologado. Ahí se «vendió y comprometió» el prestigio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», ha reprochado Melero a los responsables del anterior Gobierno central. Lejos de…
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