{"id":142662,"date":"2020-05-03T02:03:02","date_gmt":"2020-05-03T00:03:02","guid":{"rendered":"https:\/\/theworldwidejournal.com\/2020\/05\/03\/juristas-ven-ilegal-que-illa-limite-libertades-con-simples-ordenes\/"},"modified":"2020-05-03T02:03:02","modified_gmt":"2020-05-03T00:03:02","slug":"juristas-ven-ilegal-que-illa-limite-libertades-con-simples-ordenes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/theworldwidejournal.com\/?p=142662","title":{"rendered":"Juristas ven ilegal que Illa limite libertades con simples \u00f3rdenes"},"content":{"rendered":"

A la pol\u00e9mica jur\u00eddica creada por la posible extralimitaci\u00f3n de las medidas aprobadas por el Gobierno en el marco del estado de alarma ya que muchas de ellas requerir\u00edan la declaraci\u00f3n de estado de excepci\u00f3n, se une ahora el debate sobre la legalidad de limitar libertades y derechos mediante simples \u00f3rdenes ministeriales. \u00c9sta es la herramienta jur\u00eddica que utiliz\u00f3 el ministro de Sanidad, Salvador Illa, para suspender, por ejemplo, las obras en los edificios, afectando tanto el derecho a la propiedad privada de los propietarios de los inmuebles como la libertad de empresa de los trabajadores del sector, sin pasar por el Congreso ni el Consejo de Ministros. Sin control Esta orden fue dictada la noche del pasado 12 de abril, tres d\u00edas despu\u00e9s de que caducara la paralizaci\u00f3n de la actividad no esencial autorizada por la C\u00e1mara Baja que, sin embarg\u00f3, nunca afect\u00f3 a las obras realizadas por aut\u00f3nomos. A pesar de ello, la limitaci\u00f3n incluida en la orden del 12 de abril no fue incorporada a la tercera pr\u00f3rroga del estado de alarma solicitada por el Gobierno al Congreso el 21 de abril, por lo que nunca ha sido autorizada por Las Cortes. Sin embargo, la ley es muy clara al respecto y dicta que el establecimiento de \u00ablos efectos\u00bb del estado de alarma corresponden al Consejo de Ministros mediante real decreto-ley, en tanto que el \u00abalcance y condiciones\u00bb de las pr\u00f3rrogas ser\u00e1n autorizadas por el Congreso. \u00abFacultades exorbitantes\u00bb En ning\u00fan caso, otorga competencias a los ministros para que, de manera individual, dicten \u00abefectos\u00bb del estado de alarma, ni que estos puedan promulgarse mediante simples \u00f3rdenes escritas que, a diferencia de los decretos, no tienen que ser convalidadas por Las Cortes ni requieren del visto bueno del Consejo de Ministros. \u00abEn paralelo al decreto del estado de alarma y sus pr\u00f3rrogas, el Gobierno est\u00e1 dictando un conjunto de disposiciones de rango menor ampar\u00e1ndose te\u00f3ricamente en el propio estado de alarma y en el mando \u00fanico para regular en muchos casos cuestiones que no son menores. Al actuar as\u00ed, est\u00e1 llevando a acabo un uso exorbitante de las facultades que le confiere el estado de alarma\u00bb, sostiene el catedr\u00e1tico de Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos, Enrique Arnaldo. En la misma l\u00ednea, el catedr\u00e1tico de Constitucional de la Universidad Complutense, Ra\u00fal Canosa, subraya su preocupaci\u00f3n por el crecimiento del n\u00famero de \u00f3rdenes ministeriales que afectan a los derechos fundamentales. \u00abEs cierto que estamos ante una situaci\u00f3n nueva, pero hay que extremar el cuidado de la t\u00e9cnica jur\u00eddica en todo lo que tiene que ver con los derechos y libertades. El decreto de estado de alarma puede limitarlos, pero no una norma ministerial que carece de control parlamentario\u00bb, advierte. \u00abAnticonstitucional\u00bb En cuanto a la orden concreta de la suspensi\u00f3n de reformas en edificio, el profesor de Derecho Constitucional del Centro de Ense\u00f1anza Superior Cardenal Cisneros, Ibor Fern\u00e1ndes, considera que es \u00abcontraria a derecho y genera un perjuicio ileg\u00edtimo e inaceptable para el inter\u00e9s general\u00bb. La ley que regula el estado de alarma dicta que las medidas deben ser aprobadas por decreto Este jurista entiende, adem\u00e1s, que \u00abacaece de vicios de nulidad de pleno derecho tanto desde un punto de vista material, dada su inexplicable arbitrariedad, como desde una perspectiva formal, habida cuenta de que se excede palmariamente la potestad reglamentaria del Gobierno y el margen dispositivo previsto en la ley\u00bb. Fern\u00e1ndes considera, incluso, que se trata de un texto inconstitucional por cuanto \u00abrompe el principio de jerarqu\u00eda normativa\u00bb. Forzado a rectificar Fuentes del Gobierno justifican que el decreto del estado de alarma incluye una delegaci\u00f3n para que el ministro de Sanidad pueda dictar normas con el objetivo de graduar la respuesta a la pandemia con la m\u00e1xima celeridad e insisten en que esa capacidad ha sido autorizada por el Congreso de los Diputados. Sin embargo, esa delegaci\u00f3n remite precisamente al art\u00edculo de la ley de los estados de alarma que establece que las medidas deber\u00e1n ser aprobadas mediante real decreto-ley, lo que pone en cuesti\u00f3n la aplicabilidad de la misma. A ello se une que la figura que prev\u00e9 el ordenamiento jur\u00eddico para regular las cuestiones de \u00aburgente necesidad\u00bb es precisamente la del real decreto-ley. Dif\u00edcilmente puede encajarse jur\u00eddicamente que una delegaci\u00f3n pueda permitir al Gobierno restringir derechos y libertades sin la habilitaci\u00f3n ni el control del poder legislativo. De hecho, ante la pol\u00e9mica jur\u00eddica existente, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se vio obligado a rectificar en parte su propia orden el pasado mi\u00e9rcoles, aunque lo hizo de palabra durante una rueda de prensa. Tras 17 d\u00edas de paralizaci\u00f3n del sector de las reformas, Illa interpret\u00f3 que su orden ministerial permite realizar obras en viviendas en las que no viva nadie aunque el edificio s\u00ed est\u00e9 habitado por vecinos. Las obras que siguen suspendidas son las ubicadas en viviendas habitadas. Un \u00abpeligroso\u00bb precedente y una interpretaci\u00f3n espuria El catedr\u00e1tico Ra\u00fal Canosa incide en la importancia que tienen las t\u00e1cticas jur\u00eddicas que est\u00e1 utiliznado el Gobierno en el marco del estado de alarma, por las bases que pueden sentar de cara al futuro. En este sentido advierte del \u00abpeligroso precedente\u00bb que supone el recorte de libertades y derechos mediante una orden ministerial. \u00abEl Gobierno solo queda sometido al control judicial, cuyos tiempos son poco \u00e1giles en una situaci\u00f3n como la actual. Nos encontramos ante una alteraci\u00f3n en el discurrir del ordenamiento jur\u00eddico\u00bb, denuncia. Canosa habla tambi\u00e9n de una interpretaci\u00f3n \u00abespuria\u00bb de la ley por parte del Ejecutivo. \u00abEl decreto, en lugar de establecer los efectos, delega en un ministro. Es decir, se autovac\u00eda en beneficio de una orden ministerial\u00bb, advierte.
\nVia: Juristas ven ilegal que Illa limite libertades con simples \u00f3rdenes<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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