{"id":20224,"date":"1970-01-01T01:00:00","date_gmt":"1970-01-01T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/theworldwidejournal.com\/1970\/01\/01\/el-ayuntamiento-obligado-a-informar-sobre-los-inmuebles-exentos-de-ibi\/"},"modified":"1970-01-01T01:00:00","modified_gmt":"1970-01-01T00:00:00","slug":"el-ayuntamiento-obligado-a-informar-sobre-los-inmuebles-exentos-de-ibi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/theworldwidejournal.com\/?p=20224","title":{"rendered":"El Ayuntamiento, obligado a informar sobre los inmuebles exentos de IBI"},"content":{"rendered":"

El Consejo de Transparencia y Protecci\u00f3n de Datos de Andaluc\u00eda ha obligado al Ayuntamiento de Sevilla a facilitar a un ciudadano el listado de bienes inmuebles, tantos urbanos como r\u00fasticos, que est\u00e1n actualmente exentos del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), tras la reclamaci\u00f3n que interpuso y que fue desatendida por la Administraci\u00f3n local. El Consistorio hispalense, adem\u00e1s de entregar la relaci\u00f3n de los bienes, debe suministrar los domicilios, la cuant\u00eda y causa legal de la exenci\u00f3n del impuesto. Una vez iniciado el procedimiento por parte del Consejo y solicitado el expediente e informe al Ayuntamiento presidido por Juan Espadas, \u00e9ste deneg\u00f3 la petici\u00f3n ciudadana al considerar que los datos con trascendencia tributaria tiene car\u00e1cter reservado, tal y como recoge la Ley 58\/2003 General Tributaria. Esta norma se\u00f1ala que \u00ablos datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administraci\u00f3n tributaria tiene ese car\u00e1cter reservado y s\u00f3lo podr\u00e1n ser utilizado para la efectiva aplicaci\u00f3n de los tributos o recursos y para la imposici\u00f3n de las sanciones que procedan, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo en determinadas circunstancias\u00bb. La cesi\u00f3n o comunicaci\u00f3n de esos datos s\u00f3lo ser\u00e1 posible cuando lo soliciten la Justicia, el Ministerio Fiscal, la Inspecci\u00f3n de Trabajo, el Tribunal de Cuentas, la Intervenci\u00f3n General u otros \u00f3rganos. El Consistorio estendi\u00f3, por tanto, que la petici\u00f3n del ciudadano no correspond\u00eda a ninguno de estos supuestos nombrados. Pero adem\u00e1s, seg\u00fan explicaron desde el Consistorio hispalense, la Ley General Tributaria tambi\u00e9n obliga a la Administraci\u00f3n a adoptar la medidas necesarias para garantizar la confidencialidad de la informaci\u00f3n. En este punto, el Consejo analiz\u00f3 este marco normativo desde la \u00f3ptica de las exigencias impuestas a las administraciones por la legislaci\u00f3n de transparencia y valor\u00f3 si los derechos e intereses del obligado tributario deben prevalecer sobre el derecho de acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica. Seg\u00fan la resoluci\u00f3n de este \u00f3rgano (http:\/\/www.ctpdandalucia.es\/es\/content\/res-1442017), es de \u00abindudable relevancia\u00bb para la ciudadan\u00eda conocer c\u00f3mo se aplica a los casos concretos las exenciones que resultan obligatorias en virtud del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, pues tienen un impacto inmediato en la recaudaci\u00f3n municipal. Igualmente, el Consejo estima de \u00abinter\u00e9s p\u00fablico y general\u00bb la repercusi\u00f3n que tiene en los ingresos municipales las exenciones que el Ayuntamiento establece, de forma voluntaria, dentro de su autonom\u00eda tributaria. De modo que, a juicio del Consejo, el Ayuntamiento ha de poner a disposici\u00f3n del ciudadano la informaci\u00f3n referida. Con respecto a la informaci\u00f3n reclamada sobre la titularidad de los inmuebles, el ente de control introduce una matizaci\u00f3n, en virtud del Texto Refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario, y se\u00f1ala que son datos protegidos las personas f\u00edsicas y tambi\u00e9n la raz\u00f3n social de las personas jur\u00eddicas que aparezcan en el catastro como titulares. Es decir, \u00fanicamente pueden suministrarse los datos cuando la titularidad de los bienes sean del Estado, de las Comunidades Aut\u00f3nomas y de los gobiernos locales, prevaleciendo as\u00ed el derecho de acceso a informaci\u00f3n. Obligaci\u00f3n de resolver Por otro lado y en relaci\u00f3n a la obligaci\u00f3n de resolver las peticiones de informaci\u00f3n, la propia ordenanza del Ayuntamiento establece un plazo m\u00e1ximo de 20 d\u00edas para su resoluci\u00f3n, extremo que fue incumplido por el Consistorio puesto que no ofreci\u00f3 respuesta alguna al solicitante. Tanto Ley de Transparencia P\u00fablica de Andaluc\u00eda, como su hom\u00f3loga estatal, se\u00f1alan la obligaci\u00f3n de \u00f3rganos y entidades de resolver en plazo las solicitudes, precisando que su incumplimiento puede constituir una infracci\u00f3n, tal y como queda recogido en el r\u00e9gimen sancionador de la Ley andaluza. El Consejo es la autoridad independiente de control en materia de transparencia y protecci\u00f3n de datos en la Comunidad Aut\u00f3noma de Andaluc\u00eda, creado por la Ley 1\/2014 de Transparencia P\u00fablica de Andaluc\u00eda. Posee personalidad jur\u00eddica propia y plena autonom\u00eda e independencia en el ejercicio de sus funciones. Su objetivo se centra, por un lado, en velar por el cumplimiento de la normativa de transparencia p\u00fablica, tanto en lo que se refiere a publicidad activa como a la defensa y salvaguarda del derecho de acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica y, por otra, controlar el cumplimiento de la normativa de protecci\u00f3n de datos personales por parte del sector p\u00fablico andaluz.
\nVia: El Ayuntamiento, obligado a informar sobre los inmuebles exentos de IBI<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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